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Estimados vecinos y vecinas,
Una democracia no pierde el rumbo de golpe. Casi siempre se pone a prueba en los lugares donde se permite que el miedo se convierta en política pública, donde la intimidación se viste con el lenguaje de la ley, y donde la violencia se explica como si fuera el costo inevitable del orden.
En todo el país, esa prueba democrática ya no es una posibilidad lejana ni una advertencia abstracta. La estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos, en medio de una escalada profundamente preocupante de violencia vinculada a los operativos federales de inmigración.
Desde que el actual presidente regresó al poder, se ha reportado que más de sesenta personas han muerto bajo custodia de ICE o durante operativos de inmigración. En días recientes, se perdieron más vidas. Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años autorizado para trabajar en los Estados Unidos, murió tras recibir disparos de agentes de ICE en Maine. Días antes, Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de construcción en Texas que había vivido en este país durante 35 años y que, según su familia, estaba cerca de obtener estatus legal, fue asesinado durante un operativo en el que ni siquiera era la persona buscada. Ninguno de los dos era el objetivo de la acción que terminó arrebatándoles la vida.
Detrás de esa cifra hay familias, trabajadores, padres, madres y vecinos cuya ausencia deja heridas permanentes en las comunidades que ayudaron a levantar. No podemos permitir que esas pérdidas se conviertan en ruido de fondo. No podemos permitir que el poder público se vuelva tan militarizado, tan impune y tan distante de la dignidad humana que la muerte termine siendo una línea más dentro de la maquinaria de la aplicación migratoria.
Estas no son tragedias aisladas. Son señales de alarma.
Cuando agentes operan en vehículos sin identificación, cuando trabajadores y transeúntes son detenidos bajo amenaza de armas de fuego, cuando personas que documentan redadas son baleadas o amenazadas, cuando los centros de detención se convierten en lugares de negligencia y muerte, ya no estamos hablando solamente de política migratoria. Estamos hablando de los límites del poder del Estado, y de si los derechos civiles siguen teniendo valor cuando la persona afectada es inmigrante, trabajador, vecino, o alguien a quien el gobierno ha decidido tratar como descartable.
Si esos límites significan algo, la rendición de cuentas no puede ser opcional. Ninguna placa, ninguna agencia y ningún mandato federal deben colocar a persona alguna fuera del alcance de la ley. Cuando la presencia del gobierno provoca miedo en lugar de confianza; cuando agentes fuertemente armados se convierten en símbolos de incertidumbre en vez de seguridad pública; y cuando una familia empieza a preguntarse si un viaje rutinario al trabajo puede terminar en tragedia, algo fundamental se ha quebrado.
Condenar estos hechos no es suficiente. Los principios deben convertirse en política pública. Por eso continúo sumándome a las crecientes voces que exigen que el Congreso retire a ICE de nuestras calles; congele y reasigne los fondos que expanden la detención, la deportación, la vigilancia, la militarización de la frontera y la contratación de más agentes; y redirija esos recursos públicos hacia la salud, la vivienda, los servicios legales, la atención de salud mental y los apoyos sociales que verdaderamente hacen más seguras a nuestras comunidades.
Esos debates nacionales no están separados de las responsabilidades que tenemos aquí en Nueva York. Si la democracia depende de la rendición de cuentas, entonces cada nivel de gobierno debe fortalecerla antes de que el abuso sea aceptado como parte de la vida cotidiana. Por eso presenté el Proyecto de Ley del Senado S176, la Ley para Poner Fin a la Inmunidad Calificada en Nueva York. La rendición de cuentas no es un concepto legal distante. Es la base misma de la justicia. Cuando funcionarios del gobierno violan derechos civiles o constitucionales, las personas deben tener un camino real para buscar reparación. El silencio no puede ser la respuesta final frente al abuso. La inmunidad no puede ser la recompensa por causar daño.
Pero la rendición de cuentas no puede detenerse en la frontera estatal. El Congreso también debe avanzar la Ley Bivens y la Ley para Poner Fin a la Inmunidad Calificada, para que sobrevivientes de abusos cometidos por el Departamento de Seguridad Nacional y otras violaciones perpetradas por agentes federales puedan buscar remedios legales cuando sus derechos han sido vulnerados. Proteger los derechos constitucionales requiere más que una sola reforma. El Congreso también debe enfrentar otra amenaza creciente: la expansión de alianzas entre agencias federales y empresas privadas de vigilancia que lucran con la venta de datos personales sensibles y tecnologías sofisticadas de monitoreo, con demasiada poca transparencia y supervisión pública. Los dólares de los contribuyentes nunca deben subsidiar sistemas que debilitan las protecciones constitucionales o colocan a comunidades inmigrantes y comunidades de color bajo sospecha permanente.
La lección es urgente: la democracia no se defiende con consignas. Se defiende con leyes, supervisión, valentía y con la firme decisión de no normalizar la crueldad. Una nación que entrega poder a sus agentes también debe exigirles responsabilidad. Un gobierno que dice servir al pueblo jamás debe tener permiso para aterrorizar al pueblo.
Nuestras comunidades conocen la diferencia entre seguridad y miedo. Seguridad es cuidado. Seguridad es vivienda. Seguridad es salud. Seguridad es educación, debido proceso, acceso lingüístico, apoyo legal e instituciones públicas que reciben a las personas con dignidad. El miedo no es seguridad. La intimidación no es seguridad. La violencia no es seguridad.
En las secciones a continuación, encontrarán actualizaciones comunitarias, recursos y oportunidades para ustedes y sus familias. Las compartimos con espíritu de servicio, solidaridad y con la convicción de que, aun en tiempos difíciles, nuestros vecindarios siguen siendo lugares donde la gente se acompaña, se cuida y se presenta por los demás.
En solidaridad,
RJ
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