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Estimados vecinos,
Una vez más, el Estado de Nueva York no cumplirá con el plazo del 1 de abril para aprobar su presupuesto estatal, evidenciando un patrón preocupante que señala problemas más profundos en nuestro proceso presupuestario y el desequilibrio de poder que lo caracteriza.
El núcleo de este retraso es la práctica continua de incluir elementos políticos no relacionados en las negociaciones presupuestarias. Junto con muchos de mis colegas en la Legislatura, sostengo que el presupuesto estatal debería ser un documento fiscal, no un medio para impulsar propuestas políticas controvertidas o complejas que no han sido debidamente examinadas por el público ni debatidas adecuadamente en los canales legislativos habituales.
Para entender por qué esta situación se repite, es fundamental conocer cómo funciona el proceso presupuestario en Nueva York y por qué difiere significativamente de lo que muchos podrían suponer.
Entender el retraso presupuestario y el excesivo papel del Ejecutivo en el proceso
Esta pauta de retraso es síntoma de un problema más profundo en la gobernanza de nuestro estado. En Nueva York, el proceso presupuestario —concebido originalmente como una herramienta de planificación fiscal— se ha entrelazado con la negociación legislativa, otorgando al Gobernador una influencia desproporcionada sobre sus resultados.
Con el tiempo, este proceso se ha convertido en una vía legislativa paralela, a través de la cual el Ejecutivo puede incluir cambios de política en el presupuesto, cambios que probablemente fracasarían si fueran sometidos al proceso legislativo regular. En lugar de ser únicamente un plan financiero, el presupuesto se ha transformado en un vehículo para imponer agendas políticas, alterando el equilibrio de poderes y relegando el papel legítimo de la Legislatura en la formulación de las leyes de nuestro estado.
Este desequilibrio tiene su origen en la Constitución del Estado y en una serie de decisiones judiciales, en particular Silver v. Pataki (1998) y Pataki v. Asamblea del Estado de Nueva York (2004). Estas sentencias reafirmaron los amplios poderes del Gobernador para definir el contenido del presupuesto, especialmente mediante los llamados proyectos de ley del Artículo VII. Estos proyectos, que acompañan a las leyes de asignaciones, están diseñados para incorporar la legislación necesaria para ejecutar el presupuesto.
Aunque el Artículo VII fue concebido para asegurar que el presupuesto refleje la legislación fiscal correspondiente, los gobernadores han utilizado cada vez más esta facultad para incluir propuestas políticas controvertidas o ajenas al ámbito presupuestario. Muchas de estas medidas no prosperarían por sus propios méritos en el proceso legislativo ordinario.
Responsabilidades fiscales e implicaciones políticas:
Las negociaciones presupuestarias de este año se han convertido, una vez más, en un reflejo de los debates políticos que deberían tener lugar en audiencias legislativas abiertas, no tras puertas cerradas durante las discusiones presupuestarias. Las consecuencias de esta dinámica de poder vuelven a hacerse evidentes. Sin un acuerdo sobre el gasto total, y con los temas políticos clave acaparando la atención, nos encaminamos hacia un presupuesto retrasado.
Esta táctica obliga a la Legislatura a elegir entre retrasar todo el presupuesto o aceptar políticas a las que, de otro modo, se opondría. El resultado es un entorno de alta presión y carrera contra el reloj, donde se toman decisiones apresuradas y se marginan las voces de las comunidades, los expertos y los neoyorquinos de a pie, quienes merecen participar en la manera en que se elaboran las leyes.
Es esencial recordar que el presupuesto debe ser, ante todo, un documento financiero: un plan detallado de ingresos y gastos que garantice la eficacia y eficiencia de las operaciones del Estado. Sin embargo, la inclusión de cambios políticos sustanciales en el presupuesto no solo amenaza con demorar decisiones fiscales indispensables, sino que también socava la transparencia y entorpece el proceso democrático.
Para abordar esta situación, yo introduje el proyecto de ley S945, que modifica el artículo VII de la Constitución del Estado de Nueva York para otorgar a la legislatura los mismos poderes que al Ejecutivo en el proceso presupuestario. Al restablecer el equilibrio democrático y la equidad, garantizamos que el presupuesto retome su propósito legítimo: ser un mecanismo de planificación transparente, colaborativo y justo, al servicio de las verdaderas necesidades y aspiraciones de todos los neoyorquinos.
Temas clave de disputa:
Esta semana, gran parte del tiempo en la Legislatura ha sido absorbido por las propuestas políticas del Ejecutivo, las cuales han opacado y desviado la atención de negociaciones fiscales esenciales sobre vivienda, sanidad, educación pública y financiamiento de infraestructuras.
Los temas centrales han sido:
Sobre las restricciones al uso de máscaras:
La solicitud de último minuto por parte de la Gobernadora para imponer medidas drásticas contra el uso de máscaras plantea serias preocupaciones en materia de libertades civiles, especialmente en un contexto político donde convergen la protesta, la salud pública y la libertad individual. Este asunto no debería abordarse mediante negociaciones presupuestarias, sino a través de un amplio debate legislativo que incluya las voces de las comunidades afectadas.
Sobre la reforma del sistema Discovery:
Tanto el Senado como la Asamblea han excluido de sus presupuestos unicamerales los cambios propuestos por la Gobernadora. Muchos de nosotros estamos dispuestos a considerar ajustes en la implementación de las leyes vigentes sobre descubrimiento, pero continuamos profundamente preocupados porque la propuesta de la Gobernadora podría debilitar las reformas clave aprobadas en 2020. Estas reformas fueron diseñadas específicamente para asegurar equidad y transparencia en el sistema de justicia penal. Cualquier intento por modificarlas debe estar basado en datos concretos, respetar la constitución y proteger los derechos tanto de la víctima como del acusado.
Sobre el internamiento involuntario:
Estoy a favor de una inversión significativa en servicios de salud mental, pero no puedo respaldar políticas que expandan los tratamientos coercitivos sin antes abordar los fallos sistémicos de fondo. La propuesta de la Gobernadora para ampliar las normas de internamiento involuntario carece de las salvaguardias necesarias, transparencia suficiente y apoyo comunitario adecuado. Nuestra prioridad debe ser una atención voluntaria, centrada en la persona y con enfoque en el trauma, que responda a las necesidades de las personas en su contexto, no políticas que continúen criminalizando o institucionalizando a los neoyorquinos más vulnerables.
Sobre la transición del CDPAP: Cuidado en el hogar y empleos en riesgo
El cambio abrupto en el Programa de Asistencia Personal Dirigida al Consumidor (CDPAP) hacia un único intermediario fiscal, Public Partnerships, LLC, representa una amenaza inmediata y significativa tanto para la fuerza laboral de cuidado en el hogar como para las comunidades que atienden. Los errores administrativos podrían dejar a cientos de miles de trabajadores de atención domiciliaria en una situación de incertidumbre, mientras que las opciones insuficientes de planes de salud podrían comprometer sus salarios, beneficios y seguridad.
Esta transición no solo pone en riesgo los medios de subsistencia, sino que también amenaza con desintegrar el soporte esencial de atención para nuestros adultos mayores y vecinos con discapacidades. Hasta que no se garantice la transparencia y se protejan completamente los derechos de los trabajadores, nuestra mayoría en el Senado ha sido clara en su posición: es necesario postergar este proceso. No podemos permitir que un cambio de tal magnitud avance sin supervisión adecuada, ya que podría desestabilizar el cuidado de miles de familias en todo Nueva York.
Mirando hacia adelante:
Como su representante electo, sigo comprometido con un proceso presupuestario responsable, transparente y guiado por principios. Defiendo la separación entre la gestión fiscal y la legislación política, permitiendo que cada una avance según sus méritos y por los cauces correspondientes. Este enfoque no solo responde a buenas prácticas de gobernanza, sino que también asegura que los temas críticos reciban el debate y la atención que merecen.
Tu rol:
La participación de ciudadanos informados como usted es fundamental en este proceso. Le animo a consultar los detalles de la Resolución Presupuestaria Unitaria del Senado en este enlace. Juntos, podemos avanzar hacia un modelo de gobernanza que refleje auténticamente nuestros valores y prioridades compartidas.
En solidaridad,
RJ
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